Más de 15.400 personas han fallecido esperando ayudas a la Dependencia en 2026

La distancia entre el discurso del Ministerio de Derechos Sociales y la realidad que reflejan los datos completos del sistema de Depedencia ha vuelto a quedar en evidencia esta mañana. Mientras Pablo Bustinduy ha presentado una disminución del 21% en la lista de espera y ha hablado de "mejoras en todos los indicadores", el Observatorio Estatal para la Dependencia ha publicado su informe semestral (datos hasta el 30 de junio) con cifras que dibujan un escenario muy distinto: 255.302 personas siguen atrapadas en los procedimientos y 15.450 han fallecido en los primeros seis meses del año sin recibir la ayuda que les correspondía.

Derechos Sociales sostiene que la lista de espera se sitúa en 142.887 personas y que el sistema vive un momento "esperanzador". Pero el Observatorio, que trabaja con los datos oficiales del sistema de Información del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Sisaad), advierte que la reducción real es mínima: solo 2.865 expedientes menos desde enero, un 1% de descenso.

La diferencia entre ambas cifras se explica por la metodología. El Ministerio solo contabiliza como lista de espera a quienes superan los plazos legales de resolución (180 días). El Observatorio incluye también a quienes están pendientes de valoración, a quienes esperan la prestación reconocida y a las solicitudes sin grabar o sin revisar. Con ese criterio, la lista real asciende a 108.908 personas pendientes de valoración y 146.394 esperando un servicio o prestación ya reconocidos.

La mortalidad en la lista de espera es el dato más duro del informe. Entre enero y junio han muerto 15.450 personas, una media de 85 al día, una cada 17 minutos. Cataluña (4.999) y Andalucía (2.368) concentran casi la mitad de los fallecimientos. Galicia, con 39 casos, es la comunidad con menor impacto. El Ministerio no mencionó este indicador en su presentación.

El tiempo medio de tramitación también muestra una brecha entre el relato oficial y la realidad. Bustinduy celebró que el plazo se sitúa en 314 días, 15 menos que el trimestre anterior. Pero la ley fija un máximo de 180 días, y solo seis comunidades están por debajo de ese límite. Murcia (551 días), Andalucía (435), Asturias (425) y Madrid (342) duplican o triplican el plazo legal. Además, Asturias ha empeorado de forma notable este semestre, con 98 días más de espera.

La distribución territorial de la desatención confirma que la mejora no es homogénea. Cataluña (78.326 personas), Andalucía (41.707), la Comunidad Valenciana (31.734) y Canarias (15.802) concentran casi el 66% de todos los expedientes bloqueados. En términos relativos, Murcia (18,6%), Canarias (18,3%) y Cataluña (18,2%) son las regiones con mayor porcentaje de personas esperando algún trámite. Castilla y León (4,2%), Navarra (2,2%) y Galicia (1,3%) presentan los mejores datos.

La evolución del semestre es especialmente negativa en tres territorios: Cantabria (+106,3%), Madrid (+41,3%) y Castilla-La Mancha (+25%), que han disparado su lista de espera en solo seis meses. En cifras absolutas, Madrid suma 4.221 personas más, la Comunidad Valenciana 2.887 y Andalucía 1.615. Canarias (-6.221) y Cataluña (-3.675) lideran las reducciones.

El Observatorio atribuye los retrasos a dos factores: los recortes acumulados en la financiación de la ley y el entramado burocrático que obliga a encadenar dos procedimientos (grado y PIA) en la mayoría de comunidades. Cuando llega la resolución, la situación de la persona ha cambiado tanto que debe reiniciarse el proceso. El Ministerio confía en que la nueva Ley de Dependencia y Discapacidad, que se vota mañana en el Congreso, permita "refundar los cuidados".

El informe también recuerda que, pese al incremento de 1.756 millones anunciado por el Gobierno para este año, no se han aumentado las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio (38 horas al mes de media), ni las cuantías de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares (262 euros), ni las vinculadas al servicio (567 euros para residencia), ni se ha autorizado la compatibilidad entre prestaciones y servicios.