Sobre los problemas de abastecimiento de la gasolina en Rusia
Por primera vez desde comienzos de la década de 1990, Rusia —«una gasolinera disfrazada de país», como la describió en su día el fallecido senador estadounidense John McCain— atraviesa serias dificultades en el suministro de combustible como consecuencia de los eficaces ataques de Ucrania contra sus refinerías de petróleo. Hasta una cuarta parte de las gasolineras del país se encuentran sin combustible; 60 de las 89 regiones han implantado distintos sistemas de racionamiento, y aunque el precio oficial de la gasolina ha aumentado un 11,8% desde el 1 de enero, los precios «libres» que se cobran en las estaciones donde todavía puede comprarse sin restricciones son entre 2,5 y 3 veces superiores a los de principios de año, superando los 200 rublos (2,35 €) por litro en la Crimea ocupada y situándose entre 150 y 175 rublos (1,85-2,00 €) en las regiones más afectadas.
Esta situación responde tanto a los bombardeos ucranianos sobre prácticamente todas las refinerías rusas —las 11 mayores, incluso las situadas en Siberia, han sido alcanzadas por drones y/o misiles ucranianos. Algunas han quedado fuera de servicio hasta finales de 2026— como a una gestión extraordinariamente ineficaz por parte de las autoridades, que se limitaron a negar la existencia del problema hasta los últimos días. Muchos expertos ya sostienen que Rusia podría quedarse pronto sin combustible y verse obligada a detener la guerra en Ucrania o, alternativamente, sufrir un colapso de sus exportaciones petroleras que empujaría a Putin hacia unas negociaciones de paz. En mi opinión, la situación es bastante menos dramática de lo que algunos sugieren, aunque mucho más compleja.
La crisis del combustible es grave. Ya afirmé en 2025, cuando comenzaron los ataques, y lo he reiterado más recientemente conforme estos se intensificaban, que Kiev había encontrado la forma más eficaz de dañar la economía rusa. Sin embargo, no se vislumbra ningún «colapso». En la actualidad, la producción de gasolina ha caído entre un 26 % y un 29 %, pasando de unas 120.000 toneladas diarias a aproximadamente 85.000. El verano pasado, el país consumía alrededor de 115.000 toneladas al día y exportaba menos de 5.000. Eso significa que el déficit actual ronda las 27.000-30.000 toneladas diarias, mientras que solo entre 5.000 y 6.000 toneladas pueden llegar desde Bielorrusia y una cantidad aún menor desde Kazajistán. Rusia ya ha alcanzado acuerdos para importar volúmenes adicionales desde India y China, cuyos primeros envíos llegarán en unas dos semanas. ¿Puede esta crisis desembocar en un colapso económico y militar? Yo diría que no.
En primer lugar, el ejército ruso consume mucho más diésel que gasolina, y el diésel sigue sin escasear —sus exportaciones ni siquiera han sido prohibidas— debido a las características del refinado del petróleo ruso, que produce una mayor proporción de fracciones pesadas. Además, las Fuerzas Armadas representan apenas alrededor del 3% del consumo nacional de gasolina, por lo que seguirán recibiendo suministro incluso si millones de automóviles particulares quedan inmovilizados.
En segundo lugar, el presupuesto ruso no depende de las ventas de gasolina. De hecho, hasta ahora subvencionaba a las compañías petroleras para mantener bajos los precios internos mientras las cotizaciones internacionales del petróleo aumentaban. Esa subvención se multiplicó por doce entre enero y mayo, pasando de 17.000 millones de rublos a 204.000 millones mensuales. Ahora, con los precios internos al alza y los internacionales a la baja, el Estado puede reducir esas ayudas hasta hacerlas desaparecer, mientras que la disminución de la recaudación fiscal asociada a la gasolina no superaría los 28.000-35.000 millones de rublos al mes. Es cierto que el presupuesto destinó unos 150.000 millones de rublos en mayo para reparar de urgencia las refinerías dañadas, pero incluso ese gasto no altera significativamente el equilibrio de las cuentas públicas. Es más, al producir menos gasolina y diésel, Rusia incrementa sus exportaciones de petróleo crudo —que en junio alcanzaron el nivel más alto de los últimos años—, y para el Ministerio de Finanzas resulta indiferente exportar crudo o productos refinados, ya que el impuesto sobre la extracción de minerales se calcula en función del volumen de petróleo extraído de los pozos.
En tercer lugar, el impacto macroeconómico del encarecimiento de la gasolina será relativamente moderado. Se espera que las tarifas del transporte aumenten entre un 20 % y un 40 %, pero dado que el coste del transporte representa normalmente solo entre un 4% y un 8% del precio final de la mayoría de los productos, el índice de precios al consumo apenas podría incrementarse entre uno y un punto y medio porcentual. En consecuencia, Putin seguirá disponiendo de recursos económicos suficientes para continuar la guerra.
Sin embargo, yo invitaría a observar otra dimensión del problema. La crisis ya está afectando al estado de ánimo de la población rusa, y ese efecto no hará sino intensificarse. Hay personas que pasan hasta 18 horas haciendo cola para repostar —e incluso se han registrado varias muertes durante esas esperas—, por lo que muchos sienten que su forma de vida está seriamente amenazada. En los últimos 35 años, el número de automóviles particulares en Rusia ha pasado de 58 a 331 por cada mil habitantes, y poseer un vehículo se ha convertido en un símbolo indiscutible de pertenencia a una clase acomodada. El descontento no deriva tanto del precio que deben pagar —el hecho de que el valor de un automóvil se haya duplicado en Rusia durante los últimos cuatro años debido a los impuestos y a las llamadas «tasas de reciclaje» apenas provocó protestas— como de la imposibilidad de acceder a un bien cuya desaparición nadie habría considerado imaginable.
Por eso la escasez de gasolina está provocando una caída tan pronunciada en los índices de aprobación de Putin como la que ocasionaron los apagones masivos de internet y de las redes móviles durante la pasada primavera. Además, la población está cada vez más indignada porque las autoridades mienten abiertamente sobre la gravedad del problema, y esas mentiras —a diferencia de la información relacionada con la guerra— son muy fáciles de comprobar. En un intento desesperado por contener la crisis, algunos gobernadores han llegado incluso a ordenar el cierre de los pasos fronterizos para todos los camiones excepto aquellos que transportan combustible, excediendo claramente sus competencias. Al mismo tiempo, muchas gasolineras venden combustible únicamente a funcionarios, policías y veteranos de la denominada «operación militar especial», lo que ha generado un malestar todavía mayor.
En definitiva, sostengo que el colapso del suministro de gasolina pone de manifiesto dos realidades: por un lado, que la guerra de Putin ha terminado alcanzando prácticamente todos los rincones de Rusia; por otro, que las autoridades son incapaces de resolver el problema. El propio Kremlin ha anunciado ya que las compañías petroleras podrán adquirir sistemas de defensa antiaérea y desplegarlos para proteger sus instalaciones, una admisión implícita de que el Estado ha fracasado en su obligación de garantizar la seguridad incluso en regiones alejadas del país. Y eso sin mencionar las dificultades adicionales que surgirán cuando los alimentos dejen de llegar puntualmente a las tiendas, el transporte público reduzca o suspenda sus servicios y se acumulen otras disrupciones similares.
En mi opinión, por tanto, la crisis actual tendrá consecuencias mucho más importantes en el terreno social y político que en el económico. Conviene recordar, además, que dentro de dos meses los ciudadanos rusos están llamados a participar en unas «elecciones» parlamentarias que, hoy por hoy, constituyen la forma más segura de expresar el descontento político. El partido oficialista Rusia Unida, que controla el 72% de los 450 escaños de la Duma Estatal, cuenta ahora con un apoyo inferior al 20 %. Si ese fuera realmente el porcentaje de votos obtenido, el Kremlin tendría que triplicar el resultado mediante fraude electoral para asegurar una mayoría absoluta a un partido que, por primera vez, se presenta oficialmente como «el partido de Putin». Un fraude de semejante magnitud podría desencadenar una crisis política, como ocurrió en 2011. De hecho, circulan rumores según los cuales la dirección del FSB ya habría recomendado al Kremlin cancelar o aplazar los próximos comicios. En cambio, las dificultades económicas por sí solas difícilmente sacarían a los rusos a la calle.
Para concluir, reitero una vez más que la estrategia ucraniana está dando resultados. En estas circunstancias, Zelenski podría dirigirse directamente a los votantes rusos para decirles que ahora tienen la oportunidad de expulsar del Parlamento al partido de Putin y que, si eso ocurre, cesarán los ataques contra las refinerías. Francamente, a finales de septiembre la situación mejorará gracias a las importaciones de gasolina y al final de la temporada estival, cuando disminuye la demanda de combustible. Sin embargo, eso no debería ser un factor determinante, porque el efecto psicológico de un mensaje de ese tipo podría ser demasiado poderoso como para renunciar a utilizarlo.
*Vladislav L. Inozemtsev es cofundador y miembro del Consejo Asesor del Centro de Análisis y Estrategias en Europa en Nicosia (Chipre)