Crisis de Gobierno por Almaraz: Sumar acusa al PSOE de plegarse ante el "oligopolio energético" y los socialistas aseguran que nada ha cambiado
La ampliación de la vida útil de la cacereña central nuclear de Almaraz hasta el año 2030 ha vuelto a desatar una guerra interna en el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, y abrir el debate sobre el cierre de las plantas atómicas en España, donde todavía quedan activos siete reactores nucleares, que, si se cumple el plan del Ejecutivo, deberán dejar de funcionar definitivamente en 2035. La decisión del Ejecutivo, a propuesta de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha provocado el inmediato rechazo de los socios minoritarios del Gobierno, que a través del ministro de Cultura y portavoz de Comuns, Ernest Urtasun, habla directamente de "incumplimiento del acuerdo de gobierno con Sumar" y tacha la decisión de "un error estratégico que rompe el calendario de cierre acordado que frena el despliegue de las renovables".
Desde la formación que aún lidera Yolanda Díaz van más allá y acusan al PSOE de "tomar un camino irresponsable y antieconómico. Hay alternativas en marcha más baratas, más seguras y democráticas" que "las constantes concesiones" del Gobierno central "al oligopolio energético", que implican que "un sector clave sigue teniendo privilegios en vez de obligaciones", con un Gobierno que mantiene "infraestructuras obsoletas en vez de impulsar un presente solar con mayor soberanía, más democracia económica y política". Creen que el mantenimiento del parque nuclear solo obedece "a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica".
El Gobierno se defiende y señala que la renovación hasta 2030 de la autorización de las Unidades I y II de la central nuclear de Almaraz se circunscribe "exclusivamente" a esta instalación, "no alterándose la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035". Fuentes de Transición Ecológica recalcan que el Gobierno "mantiene exactamente la misma posición que ha defendido siempre" con respecto a este tema: que la extensión a la vida útil de la central extremeña se otorga tras comprobar que cumple con las tres condiciones establecidas por el Ejecutivo: es segura para las personas, no compromete la seguridad de suministro en España y no tiene coste para los ciudadanos.
También aseguran que el Ejecutivo ha tomado esta decisión tras "ponderar las circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto en Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania". "Hay una situación energética internacional excepcional y sobrevenida que está generando un escenario de elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles, cuya duración es actualmente imposible de prever". Además, recuerdan que la volatilidad y la incertidumbre son "significativamente mayores" a las anticipadas hace tan solo unos meses. De esta manera, la prórroga a la explotación de la central extremeña "puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores a unos picos de precios de los combustibles fósiles no previstos anteriormente. Ello permite seguir protegiendo a la población ante la volatilidad de los precios y la incertidumbre en este periodo, mientras se sigue ampliando la respuesta estructural frente a la dependencia de los precios de combustibles fósiles: el despliegue de renovables".
El calendario de cierre nuclear fue acordado por Enresa y las empresas propietarias en 2019. Iba desde el cese definitivo de la Unidad I de Almaraz en 2027 hasta el de Trillo en 2035. Tras la autorización del Ejecutivo a la prórroga de Almaraz, en 2030 cesará Almaraz, Ascó I y Cofrentes. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha constatado el correcto funcionamiento de la central, el nivel adecuado de seguridad radiológica e impuesto condicionantes técnicos. Por ello, el Ministerio destaca que la prórroga se concede sin "ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica para las empresas eléctricas, aunque las compañías propietarias habían reclamado bajadas de impuestos".
Unos argumento que no han convencido a sus socios de Sumar, que exigen al Gobierno que continué con el calendario del cierre del parque nuclear español previsto para 2035, además de mantener los impuestos aplicables a las centrales, "que las tasas cubran el coste real de la gestión de residuos y el desmantelamiento sin repercutirlo a la ciudadanía". Asimismo, ha reclamado "canalizar las inversiones hacia el almacenamiento y la integración de energías renovables"; además de auditar las cuentas de Empresa Nacional de Residuos Radiactivo (Enresa) y "exigir transparencia en los precios de transferencia de las empresas verticalmente integradas". También demandan "responsabilidad subsidiaria directa a las empresas propietarias de las centrales" y plan de transición económica y productiva para el entorno de Almaraz "que garantice la diversificación industrial".