El mecanismo olvidado para terminar con la crisis migratoria en Ceuta y expulsar a los inmigrantes ilegales
Casi 20 días han pasado desde el comienzo de la crisis migratoria en Ceuta. Con el líder de los socialistas en La Mareta y un constante goteo de ministros que han cambiado impresiones con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la paciencia se ha reducido. En el día de ayer, los populares amenazaron con acudir al Supremo y al Constitucional.
Cansado y estresado por la crisis y frente a la nula intención del Ejecutivo de cambiar su posición de amistad con Marruecos, Vivas otorgó un plazo de 30 días para resolver la crisis migratoria. El objetivo es recuperar la "normalidad" antes del comienzo del curso escolar en una ciudad con el "pulso alterado". Si no se cumplen los plazos pretende reunirse con los presidentes del Supremo y el Constitucional.
La respuesta del Gobierno ha sido meditada- a excepción de la ofensiva de la ministra de Sanidad, Mónica García- y sosegada. En este sentido, la responsable de Migraciones anunció la instalación de 1.500 carpas para acoger a los inmigrantes. Esta mañana ha deslizado que podrían ampliarse a 4.000. Lo cierto es que choca con la posición de Exteriores e Interior que prometieron expulsar a todos los inmigrantes ilegales.
Así es el mecanismo olvidado por el Gobierno para paliar la crisis
Entre toda la maraña de declaraciones y peticiones de asilo de los ciudadanos que arribaron a Ceuta y Melilla, se desgranan mecanismo legales para haber atajado la crisis en primera instancia; el obstáculo, la necesidad del Ejecutivo para ejecutar la normativa vigente. La Ley de Seguridad Nacional es fundamental frente a las amenazas a la integridad y la soberanía de España.
Tal y como ha podido analizar LA RAZÓN, la aplicación se puede reclamar debido a la "gravedad de sus efectos, urgencia o dimensión" y requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes para "garantizar el funcionamiento óptimo y flexible". Siempre deberá contar con la aprobación del Ejecutivo y no podrá socavar los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.
"Supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación", reza el documento presentado por el BOE y se deberá ejecutar por Real Decreto.
El PP eleva una propuesta al Congreso
En Génova, tras varias semanas de sufrimiento, han recordado el mecanismo. En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) con la que exige al Gobierno la activación inmediata de los mecanismos previstos en la Ley de Seguridad Nacional.
El documento considera "insostenible" la situación y define el episodio como "una crisis de seguridad nacional, de soberanía y de integridad territorial". Los populares rechazan que la "violación y ataque a la integridad territorial de España" se trate como una simple crisis migratoria. Consideran que el retorno de los menores a Marruecos es fundamental para paliar los efectos de la crisis. Además se propone reformar la Ley de Extranjería.
Con esta petición, el PP pretende determinar si existieron responsabilidades políticas y fallos de previsión por parte del Gobierno ante los avisos del CNI.