Walte Barone: “Nos preocupan los intentos de criminalización a los jueces”
¿Qué es exactamente la Unión Internacional de Magistrados?
La Unión Internacional de Magistrados es la asociación internacional más grande de jueces. Actualmente tenemos 93 países representados. En la próxima reunión vamos a votar la solicitud de un país más.
¿Cuál?
Honduras. Y además tenemos como miembros no a jueces individuales, sino a las asociaciones nacionales de jueces o grupos regionales de jueces. Y nuestra principal finalidad es la defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho. Es decir, que un juez pueda decidir de manera imparcial, conforme a la ley, sin temor a presiones, sin temor a represalias, sin temor a que se vulnere su seguridad personal. Eso es lo que defendemos, es nuestra principal labor.
Entiendo que también son un órgano consultivo de Naciones Unidas.
Sí.
¿De qué manera funciona esa cooperación?
Nosotros participamos en varias actividades de Naciones Unidas, en temas jurídicos. Cuando podemos, presentamos nuestras manifestaciones, nuestras opiniones sobre el sistema judicial.
Debe ser un trabajo complejo, porque tienen presencia en cinco continentes. ¿Cómo se organizan para estar presentes en lugares que no comparten el mismo huso horario?
Realmente es complejo, no es fácil. Para intentar facilitar un poco el funcionamiento de la unión internacional, que es realmente grande, desde hace años tenemos una subdivisión en cuatro grupos regionales. Uno es el grupo Iberoamericano, que incluye Latinoamérica, Portugal y España. Después tenemos el grupo europeo, el grupo africano y el grupo ANAO, que es Estados Unidos, Canadá, Asia, Australia y Nueva Zelanda.
Usted fue elegido presidente de la UIM en octubre del año pasado. Hasta el momento, ¿cuál es el caso más complejo que ha revisado?
El caso más complejo, creo yo podría decir, es el caso del colega de Túnez (Anas Hmedi), que es el presidente mismo de su asociación.
Que fue encarcelado, me parece.
Fue condenado, no llegó a ser encarcelado. Encarcelado sí fue, y todavía está en esa situación, el presidente de la asociación de jueces de Turquía (Murat Arslan). Es otro problema grave que tenemos y con el cual tratamos. El presidente de la asociación de Turquía ya está una década en la cárcel. El caso de Túnez es más reciente, él fue condenado en abril. Y lo grave es que fue condenado por su actuación como presidente de la asociación, por el liderazgo en una protesta contra la destitución, que consideramos irregular, de más de 50 jueces. Y también por la disolución del Consejo de la Judicatura. Entonces, él fue procesado y condenado por su actuación. No se respetó la inmunidad que un presidente de la asociación debería tener. Él prefirió, para evitar la encarcelación, salir del país y actualmente está en el extranjero.
Usted me contaba al inicio de esta entrevista que el principal objetivo de la UIM es garantizar la libre actuación de los jueces. En ese escenario, ¿cuál es la principal amenaza que enfrentan los jueces?
Las presiones más importantes actualmente son los intentos de criminalización de la actividad de los jueces, es lo que más nos preocupa. O sea, criminalizarlos por lo que deciden, lo que no está bien. Incluso, hay en muchos países proyectos de ley que intentan agregar esa previsión. Dicen que la interpretación equivocada de la ley puede ser considerada un delito. Pero, ¿quién va a decidir cuándo fue equivocada una interpretación? Si hay algo que fue equivocado, hay que cambiar eso a través de las apelaciones.
A través de la misma vía judicial.
Exacto. Y muchas veces se utiliza la vía penal para intimidar a los jueces, con cargos criminales, por lo que decidieron, por sus resoluciones. Otra manera de intimidar a los jueces es el uso abusivo de los procedimientos disciplinarios. A raíz de sus resoluciones empiezan a responder a procesos disciplinarios, lo que tampoco debería pasar. La decisión jurisdiccional es la labor del juez y si eso no está bien, si la parte no está de acuerdo, puede apelar. Igualmente, hay campañas en las redes sociales de intimidación de jueces, en contra de su reputación.
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La parte regional de la UIM se llama IBA.
El grupo IBA, sí, por Iberoamericano.
Y, en el último año, el grupo Iberoamericano ha ido observando cuidadosamente lo que está pasando en el Perú. De hecho, ha tenido dos pronunciamientos, puntualmente por el caso del juez Oswaldo Ordóñez, al que se destituyó.
Sí, por una opinión que él había dado fuera de sus competencias jurídicas, en su calidad de presidente de la asociación de magistrados.
¿Cómo ve esa situación?
Nosotros vemos con mucha preocupación lo ocurrido, porque, primero, ya se discute mucho en el mundo ese sistema de ratificación de los jueces. En el mundo se ve si ese sistema puede servir, en teoría, como una posibilidad de intimidación o como una represalia. Entonces, el sistema ya es discutible. Los organismos internacionales en general consideran que la mejor solución, la mejor opción para el sistema judicial, es que los jueces sean nombrados por tiempo indeterminado, hasta su jubilación, hasta el tiempo de retiro y no estar sometidos a una ratificación periódica como pasa aquí. Y en el caso específico del presidente Ordóñez la preocupación va más allá de lo teórico porque se dio a raíz de su actuación como presidente de la asociación, cuando defendía los intereses de la carrera judicial que representa. Hizo declaraciones, presentó críticas a proyectos de ley del Perú, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Eso es llamativo, porque ustedes defienden a los jueces por las decisiones que toman dentro de los tribunales, pero a él se le ha sancionado no por eso, sino por una opinión que dio en un evento gremial, de representación.
Sí. Él no fue ratificado por debilidades en el desempeño de su rol como juez, en sus funciones jurisdiccionales. Al contrario, reconocieron su idoneidad en este punto de la evaluación, pero consideraron ese hecho, lo que dijo en esa reunión, como motivación para no ratificarlo. Entonces, es algo que nos preocupa mucho. Es un hecho que pone en riesgo el desempeño de la función gremial.
En términos generales, ¿cómo ven la situación de los jueces en el Perú? La tensión es más o menos clara, el último episodio que hemos visto todos ha sido esta confrontación entre la presidenta del Poder Judicial y la presidenta Fujimori. La primera le pidió a la segunda que por favor cesen las presiones contra los jueces desde el Congreso.
Nosotros con respecto al Perú tenemos preocupación por la utilización de procedimientos disciplinarios en contra de jueces por sus resoluciones. Nos preocupa que se esté utilizando en el país ese tipo de herramienta como un método para intimidar a los jueces. Y la idea no es intimidar solo a ese juez, lo que se quiere es que lo vean los demás. Dicen: "Si usted decide así, va a sufrir los mismos problemas, las mismas penas". Entonces, eso pone en riesgo la independencia judicial.
En las horas que tiene en Lima, ¿le han mencionado el nombre de Fernando Rospigliosi? ¿Sabe quién es?
Es un senador.
Sí, del Partido Gobierno.
Bueno, no me comentaron, pero sí me acuerdo de noticias sobre sus críticas al Poder Judicial.
Él ha asumido como una responsabilidad personal la defensa de los militares y policías que están investigados por casos de violaciones a derechos humanos y en ese sentido ha hecho leyes para protegerlos. Pero ha ido un poco más allá y después de que salieron esas leyes ha ido persiguiendo a los jueces que no han hecho caso de las mismas. Y si no hacen lo que él quiere, los llama prevaricadores y además trata de destituirlos. No sé si hay una figura parecida en alguna parte del mundo.
En ese caso, nos preocupa justamente, como ya fue relatado, el caso de colegas que utilizaron el control difuso de constitucionalidad, o sea, decir que una ley no se puede aplicar porque está en contra de la Constitución. Eso es algo normal, que pasa en todos los países. Es un mecanismo que está disponible para el juez. Y el juez puede y debe hacerlo cuando sea el caso. Pero acá se está utilizando esa situación como motivo para dar inicio a un procedimiento disciplinario, a una investigación, en contra de jueces que utilizaron ese mecanismo. Pero una vez más, si una parte no está de acuerdo con la resolución del juez, porque el juez dijo que la ley no se aplica por una u otra razón, hay que apelar, y no ir en contra del juez en el ámbito disciplinario.