Francia quiere atajar la 'discriminación capilar' de los trabajadores: "Peinada así, sigo siendo totalmente profesional"

El caso de Aboubakar Traoré fue uno de los primeros en poner la cuestión de la discriminación capilar ante los focos de la opinión pública. Este auxiliar de vuelo de Air France fue sancionado por sus superiores en 2005 cuando decidió comenzar a llevar trenzas en lugar del pelo corto: un peinado que no cumplía las normas internas de la compañía aérea. El trabajador comenzó entonces una larga batalla judicial que acabó en noviembre de 2022, cuando la Corte de Casación acabó dándole la razón.

En el plano político, en 2019 Sibeth Ndiaye, una de las figuras más visibles durante el primer mandato de Emmanuel Macron, fue objeto de críticas y burlas por la supuesta “falta de seriedad” que transmitía el peinado afro que llevaba cuando asumió el cargo de portavoz del Gobierno. Aunque algunos todavía lo consideran como un hecho anecdótico, estudios en Francia, Estados Unidos y otros países europeos demuestran que este tipo de discriminación dificulta el acceso a las instituciones, al mundo laboral y a la vivienda.

Una realidad que confirman al unísono los estudios sociológicos y la experiencia personal de muchos franceses. “Mi aspecto no limita mis capacidades”, explica Kenza Bel Kenadil en sus redes sociales. Esta influencer utiliza su audiencia –más de 250.000 seguidores en Instagram y casi 700.000 en TikTok– para hacer pedagogía y reivindicar su activismo contra las discriminaciones cotidianas (burlas, personas que tocan el cabello sin permiso, etc.) que sufren las personas no blancas que deciden llevar peinados a lo afro o pequeñas trenzas. Especialmente las mujeres. “Peinada así, sigo siendo totalmente profesional”, reivindica.

A lo largo del pasado mes Kenza Bel Kenadil ha animado a sus seguidores a que compartan anécdotas laborales relacionadas con el cabello en los comentarios de sus posts, para apoyar la necesidad de la nueva proposición de ley sobre discriminación capilar que se abre paso en el Parlamento francés. Aprobada este mes por la Asamblea, el siguiente paso es su examen en el Senado, donde la mayoría conservadora de la Cámara Alta hace presagiar un voto mucho más incierto (en la Asamblea, los diputados de extrema derecha se abstuvieron y la derecha gaullista votó en contra).

El primer país del mundo

La proposición de ley para “reconocer y sancionar las discriminaciones relacionadas con el cabello” es una iniciativa de varios partidos impulsada por el diputado Guadalupe Olivier Serva, que pretende convertir a Francia en el primer país en legislar a nivel nacional contra este tipo de discriminación frente a los “comentarios, burlas, vejaciones y presiones de empleadores y de compañeros”.

En la práctica, la proposición de ley contiene un único artículo que modifica varios textos legales (Código General de la Función Pública, Código Penal, Código Laboral) para incorporar a la legislación la discriminación capilar. Así, si se adoptara el texto, no se podría hacer ninguna distinción, en particular en el lugar de trabajo, por “el corte, el color, la longitud o la textura del cabello” y sería objeto de sanciones en su caso. El corte de pelo se sumaría así a otros criterios ya protegidos en la legislación francesa, como la edad, el sexo, la religión, el origen, la situación familiar o el lugar de residencia.

Serva explicó en la Cámara que es un problema que “afecta a todos” y cree que su texto aportará una “necesaria clarificación jurídica”. El partido de Emmanuel Macron (Renacimiento) apoyó la medida y la diputada por París Fanta Berete saludó un “texto que dista mucho de ser anecdótico”. “La naturaleza de nuestro pelo no debe interferir en las decisiones que pueda tomar un tercero sobre un empleo, un piso o cualquier otra oportunidad”, añadió Berete. La iniciativa fue igualmente apoyada por los diputados de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social.

No obstante, la medida ha despertado críticas entre algunos especialistas en derecho laboral, quienes consideran que la legislación actual es suficiente para proteger de las discriminaciones por la apariencia física. En el lado contrario, también plantea inquietudes entre sociólogos expertos en cuestiones raciales que consideran que la ley debe ser más clara en la protección de minorías. “El racismo en el texto nunca es explícito. Hablar sólo de 'discriminación capilar' es ignorar los problemas de las personas cuyo cabello está muy estigmatizado, es decir, principalmente las mujeres negras”, denuncia la investigadora en etnología y antropología Daphné Bédinadé, en las páginas de Le Monde.

“Comportamientos problemáticos”

Por su parte, los partidarios de la ley reconocen que, si se aprueba en el Senado, el problema será identificar y perseguir el fenómeno de la discriminación capilar. Se podrían realizar pruebas para catalogar esa discriminación, siguiendo el modelo de los test que la ONG SOS Racisme ha puesto en práctica en los últimos años para recoger datos y proporcionar estadísticas, por ejemplo, sobre la realidad de las discriminaciones en la entrada de las discotecas.

El principio es sencillo: comparar entre varios grupos de personas, cada uno correspondiente a un color de piel u origen, y observar las reacciones. Una propuesta para sistematizar este tipo de pruebas en otras situaciones está siendo examinada en el Senado. En uno de los últimos ejemplos de estos test, SOS Racisme ha constatado que las empresas de trabajo temporal siguen discriminando a los candidatos en función de su origen.

Según los resultados del estudio, publicados en marzo, “el 61% de las empresas de trabajo temporal (ETT) analizadas adoptaron comportamientos problemáticos”. Para detectar esos comportamientos, la ONG se hacía pasar por empresas que pedían a las ETT una preselección de candidatos “de tipo europeo, mayoritariamente blancos”, una práctica ilegal que fue aceptada en el 14% de los casos. Según explica la organización, otras agencias simplemente aceptan que sea el cliente el que realice la criba.

La ONG realizó una primera prueba hace tres años, que reveló que una de cada dos ETT incumplía la ley. En aquel momento, el sector del trabajo temporal prometió tomar medidas para frenar la lacra de la discriminación, pero tres años después, SOS Racisme asegura que los progresos son muy lentos.