La modificación de leyes que prepara Uruguay para beneficiar a los residentes legales
Uno de los exprisioneros de la cárcel de Guantánamo –que hace 10 años fue acogido en Uruguay como refugiado– intentó cruzar dos […]
Uno de los exprisioneros de la cárcel de Guantánamo –que hace 10 años fue acogido en Uruguay como refugiado– intentó cruzar dos veces hacia Argentina para visitar a su familia política en Buenos Aires. Buscó de dos maneras: primero, en barco desde Colonia; luego, a través del puente internacional que une la ciudad de Colón con Paysandú. Pero en la frontera su viaje no era habilitado: su nacionalidad es Siria y las personas sirias requieren una visa para entrar a Argentina.
Por Infobae
Este caso, consignado por el semanario Búsqueda, fue analizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos del país, que recomendó al Estado que “garantice que los ciudadanos legales pueden ejercer su derecho a la libertad de movimiento y circulación internacional en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos uruguayos–naturales”.
Sin embargo, la Constitución del país distingue a los ciudadanos “naturales” –quienes nacieron en el país o son hijos o nietos de uruguayos– de los legales –aquellos que tramitan la ciudadanía–. Solo los ciudadanos naturales tienen la nacionalidad uruguaya, según la Carta Magna de Uruguay. El resto, obtiene el pasaporte y son uruguayos –hacen trámites, votan, tienen derecho a la seguridad social–, pero no son considerados “naturales”.
La distinción crea obstáculos insalvables para los migrantes que están radicados en el país, quienes no logran ser completamente uruguayos, declaró Jimena Fernández, la presidenta del instituto. Esta oficina tiene al menos otros cinco casos a estudio que denuncian problemas similares al reportado por el refugiado sirio.
Por otros casos similares, el tema también fue analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese ámbito, el Estado uruguayo se comprometió el viernes a modificar la legislación que separa la nacionalidad de la ciudadanía y que genera conflictos en los migrantes, informó El Observador.
La organización demandante fue Todos Somos Uruguayos, que registra unas 20 mil personas que son ciudadanos legales.
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