Reino Unido quiere prohibir que la ansiedad y la depresión sean motivos de baja laboral

En lo que considera una “misión moral” para reformar el sistema de asistencia social, el primer ministro británico Rishi Sunak quiere despojar a los médicos de cabecera de su poder para emitir los partes de baja laboral. Denuncia que en el Reino Unido se ha instaurado una “cultura de partes" por enfermedad. “Si se siente ansioso o deprimido, por supuesto, debe recibir el apoyo y el tratamiento que necesita para controlar su afección. Pero eso no significa que debamos asumir que no se puede trabajar”, matizó.

El líder conservador recalca que las prestaciones sociales se han convertido en una “elección de estilo de vida” para algunos ciudadanos, lo que ha provocado una “espiral” de la factura de asistencia social que está llegando a niveles insostenibles. Por lo tanto, las personas con ansiedad y depresión más leve se enfrentan a la pérdida de su derecho a recibir estas ayudas por discapacidad.

El premier presentó ayer su controvertido plan apenas tres días después de la aprobación en la Cámara de los Comunes del proyecto de ley de otra polémica medida para prohibir a las nuevas generaciones, de por vida, la compra de tabaco. Mientras que el objetivo de conseguir “una generación sin humos” ha sido apoyado por la oposición y diferentes ONGs, la reforma de la asistencia social ha levantado gran revuelo.

Sarah Hughes, directora ejecutiva de la organización benéfica de salud mental Mind, denunció que “insinuar que es fácil obtener la baja laboral y luego acceder a prestaciones sociales es profundamente perjudicial”. “Es un insulto para los 1,9 millones de personas que están en lista de espera para recibir apoyo de salud mental y para los médicos de cabecera cuyo juicio experto está siendo cuestionado”, recalcó.

Después de que Sunak argumentara que se estaba “sobremedicalizando lo que son esencialmente los desafíos y ansiedades cotidianos de la vida”, recibió críticas de estar “demonizando” a quienes tienen problemas de salud mental. Pero, ante los que le acusan de falta de compasión, el líder tory insiste en que “no hay nada compasivo en dejar a una generación de jóvenes sentados solos en la oscuridad frente a una pantalla parpadeante viendo cómo sus sueños se alejan cada día más de su alcance”.

Las enfermedades de larga duración han alcanzado un récord de 2,8 millones. Desde la pandemia, se ha registrado un aumento de 700.000 personas. La mitad de los casos son bajas por depresión, ansiedad o estrés. Las prestaciones por este tipo de dolencias para las personas en edad de trabajar costaron alrededor de 58 mil millones de euros a las arcas públicas y se prevé que aumenten otros 24 mil millones de euros antes de finales de la década.

A día de hoy, se están iniciando ya planes piloto para ofrecer asesores laborales, fisioterapia y terapia a personas en peligro de quedar fuera del mercado laboral. Con todo, si los conservadores ganan las elecciones previstas para finales de año -algo arduamente difícil teniendo en cuenta las encuestas- Sunak quiere que sean “profesionales especializados en trabajo y salud” -y no los médicos de cabecera- los que puedan emitir bajas por enfermedad. Aunque no especificó quién se consideraría apto para realizar esta labor.

Sunak también se comprometió a eliminar “por completo” las prestaciones sociales a aquellos que todavía estaban sin trabajo después de 12 meses recibiendo apoyo de un asesor laboral, aunque argumentó que todavía habría una “red de seguridad” para “aquellos que realmente la necesitan”. “No sólo necesitamos cambiar la baja por enfermedad, necesitamos cambiar la cultura de las bajas por enfermedad para que lo predeterminado sea qué trabajo puedes hacer, no lo que no puedes hacer".

Asimismo, si bien el gobierno ya está planeando reformar las evaluaciones de las prestaciones por incapacidad que se pagan a quienes tienen dificultades para trabajar, Sunak dijo que ahora también revisaría las prestaciones por incapacidad que se pagan independientemente del empleo.

Las cifras oficiales del costo de dichos pagos prevé que aumente en más del 50 por ciento antes del final de la década. “No es justificable, sensato ni sostenible. Necesitamos asegurarnos de que el sistema no sea explotado ni engañado. Tiene que ser más objetivo y riguroso”, matizó.

Insistió en que su objetivo no era “hacer que el sistema de asistencia social sea menos generoso con las personas que enfrentan costos adicionales muy reales por problemas de salud mental” y agregó que las preguntas críticas “son sobre la elegibilidad, sobre quién debería tener derecho a recibir apoyo y qué tipo de asistencia”.

Por su parte, el líder de la oposición laborista Keir Starmer, dijo que el Gobierno se había quedado sin ideas y que el plan era una “versión recalentada” de una propuesta que ya realizó la entonces primera ministra conservadora Theresa May en 2017.