La empresa pública de vivienda: una quimera costosa y compleja para el sector

Seis años después de su llegada a La Moncloa, Pedro Sánchez no ha logrado poner remedio a uno de los problemas que más quitan el sueño a los españoles, la vivienda. Pese a las regulaciones introducidas por la Ley de Vivienda o los planes anunciados por el Ejecutivo para levantar 184.000 viviendas asequibles, la realidad es que los precios tanto de compraventa como de alquiler no paran de subir y que el acceso a una casa se está convirtiendo en una casi un imposible para las familias con menos recursos económicos.

La última propuesta lanzada por el Ejecutivo para tratar de revertir la situación -y hacer frente también a las acusaciones de inmovilismo lanzadas incluso por sus propios aliados parlamentarios- es la creación de una empresas estatal de vivienda con la que, según ha dicho esta semana la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se pretende atacar el problema de oferta que, junto a la fuerte demanda fruto de la inmigración y los bajos tipos de interés, está disparando los precios.

El germen de esta futura sociedad estatal en la que el Gobierno asegura que lleva trabajando un año será la actual sociedad de suelo Sepes. Esta empresa pública, como explicó Rodríguez, abordará de manera integral todas las capacidades que tiene la Administración General del Estado, desde la urbanización del suelo público, a la construcción, movilización y gestión de viviendas, tanto en compra como en alquiler.

Aunque, sobre el papel, el hecho de que una empresa estatal que ya tiene en propiedad la materia prima quizá más difícil de conseguir ahora mismo en España para levantar viviendas, el suelo, pueda llevar a pensar que tiene mucho del trabajo más complicado hecho, desde el sector aseguran que, a pesar de que no hayan trascendido aún demasiados detalles del proyecto, ni de lejos es así y que las implicaciones de crear una verdadera promotora de vivienda pública son «extraordinariamente complejas desde el punto de vista del uso de los recursos del Estado, de la organización de dicha empresa y de su funcionamiento en el mercado inmobiliario residencial», como resume Mikel Echavarren, presidente y consejero delegado de la consultora Colliers.

[[QUOTE:PULL|||Los expertos dudan que los suelos de Sepes estén donde realmente hace falta construir vivienda]]

[[QUOTE:PULL|||Recelan también de su capacidad de gestión en aspectos como los desahucios y transparencia ]]

Para empezar, como explica Echavarren, el hecho de que Sepes tenga suelo en propiedad procedente de Adif, el Ministerio de Defensa o de la propia Sareb no significa que esté donde realmente haya demanda de vivienda. «La ubicación de los suelos públicos con posibilidades de desarrollo de vivienda asequible en alquiler es bastante aleatoria y no es el fruto de una estrategia de compra de suelo para resolver problemas concretas en el ámbito municipal», asegura Echavarren. Puede tener «empacho de suelo en Campamento [antigua zona de cuarteles madrileña que ahora se está convirtiendo en un nuevo barrio] y carestía en otros, añade.

Para poder incidir realmente en el mercado de la vivienda en toda España, dicha sociedad debería adquirir suelo en el mercado como si se tratase de una de las principales promotoras residenciales privadas, prosigue Echavarren. «Para ello, el Estado no cuenta ni con los equipos de profesionales, ni con los recursos, ni los sistemas informáticos, ni con ninguna estructura homologable en el mercado que le permita actuar de forma eficiente y que controle los riesgos infinitos de desviaciones en presupuestos, plazos y objetivos. Por no decir la necesidad de cumplir en cada una de sus decisiones con la transparencia requerida en este mercado tan susceptible de cosas extrañas», añade el directivo de Colliers.

«La promoción de viviendas requiere de muy alta profesionalización», han coincidido en apuntar esta semana desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña).

Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) también recelan de «la complejidad burocrática y de recursos que supondría crear una empresa que en el corto plazo debería sobredimensionarse para ser efectiva, pero que a medio plazo podría resultar inviable».

Fondos

Por no hablar, como añaden desde la APCEspaña, de que la construcción de vivienda «es una actividad intensiva en capital y para que este anuncio cuente con la credibilidad necesaria, además de necesitar detalles de cómo será este nuevo ente, es preciso conocer la dotación presupuestaria que se le vaya a destinar, para que no quede en un simple anuncio en un acto político».

Al respecto del dinero, Isabel Rodríguez aseguró el pasado martes que el Gobierno va a poner todos los recursos que sean necesarios para que la nueva sociedad acelere la oferta de vivienda y llegue al objetivo de 1,5 millones de unidades pretendidas. Pero, como advierte Echavarren, no serían pocos los fondos necesarios. Según sus cálculos, «construir una vivienda de unos 90 metros cuadrados supone la inversión de entre 175.000 y 200.000 euros. Si se quiere cumplir la quimérica proposición que se ha aprobado en su congreso el Partido Socialista de que el 6% del parque de viviendas en España sea vivienda pública en alquiler, habría que destinar unos 250.000 millones de euros ha dicho empeño», advierte el directivo de Colliers.

Por último, el sector tampoco se fía de las capacidades públicas para gestionar la vivienda que levantara la nueva sociedad. «Siguiendo el ejemplo de la sociedad pública de alquiler austriaca, que tantas esperanzas despierta en la izquierda española, [la nueva empresa] debería ser capaz de desahuciar a aquellos inquilinos futuros que no paguen la renta, como así funcionan los austriacos. Abrir la posibilidad al impago o a la ocupación de viviendas públicas llevará, como en muchos ejemplos del pasado, a una gestión ruinosa del alquiler de las viviendas de esta naturaleza. La administración pública española ha demostrado, en muy numerosas ocasiones, que es el peor gestor de viviendas en alquiler», concluye Echavarren.

Sobre este punto, el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, asegura que el sector privado hace «de forma mucho más ágil y dinámica» la gestión de la vivienda y solicita al Gobierno que si realmente quiere mejorar la oferta de viviendas, mejore el complejo panorama jurídico que recae sobre las comunidades autónomas, con aspectos controvertidos de la Ley de Vivienda, la complejidad de la Ley de Arrendamientos Urbanos o [[LINK:INTERNO|||Article|||66744fb411fe780008cc360b|||la «malograda» Ley del Suelo, encallada ahora mismo en la tramitación parlamentaria.]]

«Tenemos las mejores empresas del mundo para solucionar los problemas de vivienda. No necesitamos una empresa pública, sino acabar con la inseguridad jurídica para aumentar la oferta, agilizar los trámites, optimizar esfuerzos, acortar los plazos de actuación y trabajar de una manera unida y coordinada, alejada del ruido político», remata Pedro Fernández Alén.