Editorial: Traspié de la agenda de seguridad ciudadana
No es difícil comprender por qué la Corte tardó muy poco en rechazar el texto dictaminado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para ampliar la prisión preventiva.
La prisión preventiva está entre las instituciones peor comprendidas. Se le confunde con la impunidad, y a los jueces obligados por ley a concederla se les cuestiona por no aplicar castigos antes del juicio, como si no existiera la presunción de inocencia. Pero la prisión preventiva no fue establecida como pena anticipada, sino como medio para impedir al imputado burlar la justicia. Si hay otros menos gravosos para lograr ese fin, el juez debe preferirlos. Para eso son las fianzas, el retiro del pasaporte, la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente a firmar en el juzgado y otras medidas precautorias.
Además de la probable participación del imputado en un delito penado con cárcel, la aplicación de la prisión preventiva exige una presunción razonable de intenciones de evadir la justicia, obstaculizar la investigación, continuar la actividad delictiva, crear peligro para la víctima o los testigos, y otros supuestos relacionados con reincidencia y la comisión de algunos delitos, por lo general violentos.
La ley fija parámetros para analizar los peligros descritos. El juez debe considerar, por ejemplo, el arraigo del imputado en el país y su capacidad de abandonarlo u ocultarse en su territorio, además de la posible pena si hay condena, la magnitud del daño causado y el comportamiento del imputado. El juez goza de amplios márgenes de apreciación, pero las decisiones no quedan por completo a su arbitrio y pueden ser revisadas en apelación.
No es difícil comprender, entonces, por qué la Corte Plena tardó muy poco en acoger un informe negativo de la magistrada de la Sala III Patricia Vargas González, sobre el texto dictaminado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para reformar el Código Procesal Penal y permitir al juez dictar prisión preventiva “independientemente de que se configuren los peligros procesales” citados.
La modificación permite al juez desentenderse de estudiar si la medida cautelar se amerita en las circunstancias del caso y si existe una medida menos gravosa. Amplía la discrecionalidad del juez a un punto en que lo hace vulnerable a las presiones de la opinión pública, cuya incomprensión de la naturaleza de la prisión preventiva se manifiesta con frecuencia. “El peligro no se puede presumir, se debe establecer; y es ahí, justamente, en donde radica el análisis de la persona juzgadora”, afirma la magistrada Vargas.
Una prisión preventiva aplicada sin importar los peligros procesales citados es, en el fondo, una pena de prisión anticipada y no una medida cautelar, como dice la magistrada y lo ratifica la Corte Plena, junto con 23 reconocidos penalistas firmantes de una declaración para advertir de las consecuencias de aprobar el proyecto de ley. Entre los firmantes están el ex magistrado presidente de la Sala III Daniel González Álvarez, el ex fiscal general Francisco Dall’Anese Ruiz y el ex fiscal general y exministro de Seguridad José María Tijerino.
Carlos Tiffer Sotomayor, profesor de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y también firmante de la declaración, publicó un artículo en estas páginas justamente titulado “Prisión preventiva o anticipo de pena”. Además, la probabilidad de un roce del texto con la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obvia.
Sobraron las advertencias, pero el impulso del populismo punitivo es fuerte. Quizá el dictamen afirmativo de los diputados obedezca a un deseo de poder decir que lo intentaron, pero el proyecto nunca pareció viable, y si se sobreponen a la objeción de la Corte y lo aprueban con mayoría calificada, difícilmente resistirá el examen de la Sala Constitucional.
La magistrada Vargas critica otros aspectos de la iniciativa, como la incorporación del concepto de “peligro a la comunidad” a las circunstancias que justifican la prisión preventiva. La vaguedad del término abre espacio a la arbitrariedad, señaló. “No sabemos si se refiere a un barrio, al país entero, a un cantón o un distrito. Nos encontramos ante un supuesto para autorizar la prisión preventiva absolutamente indeterminado”.
Pero basta la alteración de la naturaleza cautelar de la prisión preventiva para poner el proyecto en entredicho, tanto como el proceso de deliberación que llevó a los diputados a dictaminarlo de manera favorable. Hay otros proyectos en la agenda de diez iniciativas de seguridad ciudadana referidos a asuntos delicados, sobre los cuales no se debe legislar sin tener la Constitución a la vista.
