Cierre de Norgener: Organizaciones exigen cumplir condiciones de transición justa comprometidas por el Gobierno
El pasado 15 de abril AES Andes desconectó y puso fin a la operación de las termoeléctricas a carbón Norgener 1 y 2, en Tocopilla. Con esto se concretó el retiro de 11 centrales carboneras del Sistema Eléctrico del país, de un parque total de 28 que operaban en 2019.
Lo anterior significa para Fundación Chile Sustentable, Chao Carbón y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) un importante avance en el plan de descarbonización, además de un alivio para la salud de los tocopillanos y tocopillanas, que por décadas ha sufrido los impactos de la contaminación generada por las centrales a carbón.
No obstante, el cierre de en el caso de las unidades Norgener 1 y 2 se realizó sin Planes de Abandono evaluados y aprobados ambientalmente por la autoridad, tal como exigen las Resoluciones de Calificación Ambiental de ambas plantas.
“Nos preocupa profundamente la falta de cumplimiento de las condiciones que aseguren una transición social y ambientalmente justa, en el contexto del proceso de descarbonización que estamos viviendo. El cierre de toda central a carbón debe realizarse cumpliendo las normas sectoriales y los planes de abandono que ordenan las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) para remediar los pasivos ambientales que quedan tras años de operación de industrias altamente contaminantes, como los asociados a las canchas de carbón, depósitos de cenizas, infraestructura de generación y tuberías de captación de agua de mar para enfriamiento”, afirmaron desde las organizaciones.
Y añadieron que esto “los planes de abandono también deben abordar los impactos económicos que el cierre de una planta puede causar en la zona y asegurar la participación de la comunidad local en el proceso de cierre, lo que permite incluir sus preocupaciones y perspectivas, con transparencia y ánimo de rendición de cuentas”.
De esta forma, desde Chile Sustentable, Chao Carbón y AIDA hicieron un llamado al Gobierno para que monitoreé los procesos de cierre que se están llevando a cabo y fiscalice el cumplimiento de las condiciones que aseguren que la transición energética de Chile sea justa en lo social y ambiental.
Imagen. Agencia Aton.