Reveses judiciales con consecuencias económicas para el Ayuntamiento de Alicante. En esta ocasión, dos, uno relativo al cobro de un impuesto a un particular y otro por el retraso en el pago a una empresa adjudicataria. La Junta de Gobierno aprobó este martes dos acuerdos derivados de resoluciones judiciales que obligan al consistorio al pago de cantidades económicas. En concreto, se trata del abono de 2.169,21 euros en concepto de intereses de demora por el pago tardío de unas obras de accesibilidad en la calle Sevilla, según recoge una resolución de un tribunal de lo Contencioso-Administrativo, y de la devolución de 158.350,05 euros a un particular por el cobro indebido de autoliquidaciones del impuesto de plusvalía, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
