Negar las memorias de octubre es violencia
Han pasado seis años desde la revuelta social del 2019, aquel momento en que Chile se llenó de cuerpos en las calles, espacios de reflexión colectiva, cantos, carteles, ollas comunes y gestos que exigían dignidad. Pero también se llenó de violencia estatal. De balines, gases y disparos al rostro. De detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y abusos. De miedo y de rabia.
Seis años después, las memorias de ese levantamiento social siguen en disputa. A Chile le sigue doliendo lo que pasó, pero también lo que aún no ha pasado: la justicia, la reparación, y el reconocimiento de la legitimidad de las demandas populares.
Hoy no basta con recordar: hay que nombrar la impunidad. Miles de personas fueron víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante los meses que duró la revuelta popular. El INDH presentó más de 3.000 querellas; Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron patrones sistemáticos de uso excesivo de la fuerza; casi 500 personas sufrieron lesiones oculares irreversibles, y otro ciento de ellas heridas graves por perdigones y atropellos. Seis años después, son escasas las sentencias de quienes perpetraron estos crímenes. El resto espera. Espera en los pasillos de tribunales, en los ojos perdidos, en las noches que no pasan, en las vidas que se hicieron otras.
El Estado de Chile —el mismo que se fundó sobre la promesa del “Nunca Más”— no ha sido capaz de ofrecer verdad ni reparación integral a las víctimas de la represión en democracia. Pese a los informes, las comisiones y los anuncios no hay respuestas.
Y mientras tanto, el discurso público se llena de negacionismos, eufemismos de orden y seguridad, discursos de odio, estigmatización de quienes se manifestaron, y sobre todo de culpabilización de las víctimas. Se habla de “excesos”, como si la violencia fuera un desborde involuntario y no una decisión política de reprimir la protesta social.
Recordar hoy la revuelta es resistir ese silencio institucional, legitimar la movilización social y responder a las memorias criminalizadoras y/o negacionistas. Es reconocer que el 18-O no fue solo un estallido, sino la expresión de un país fracturado por la desigualdad y sostenido por la fuerza.
Las calles hablaron con claridad: los carteles y rayados exigieron salud pública digna, educación gratuita y de calidad, pensiones justas y el fin del abuso. “No era depresión, era capitalismo”, “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, “Nos cansamos de sobrevivir” son frases escritas en muros y pancartas que condensan el malestar profundo con una democracia que olvida el bienestar de las mayorías. Fue la expresión masiva de un malestar acumulado, pero también de una esperanza colectiva: la posibilidad de reimaginar lo común.
Por eso, las memorias de la revuelta son incómodas. Porque ni se acomodan en relatos heroicos ni en conmemoraciones oficiales. Son memorias insurgentes, callejeras, feministas, comunitarias. Viven en los murales, en las cicatrices, en los cuerpos marcados y en las banderas que siguen colgando en las poblaciones. Viven también en las brigadas de salud que curaban en medio de gases y disparos, en los y las observadores/as de Derechos Humanos que documentaron los abusos, y en los colectivos de familiares que hoy exigen justicia por los y las mutilados/as y presos/as de la revuelta.
La defensa de los Derechos Humanos no puede ser selectiva ni temporal. No puede limitarse a las dictaduras ni al pasado. Debe mantenerse viva y vigilante en democracia, porque la violencia institucional —aunque cambie de rostro— se reproduce cuando los Estados no rinden cuentas.
Cada agresión impune, cada caso archivado, cada víctima olvidada debilita el pacto democrático. Y cuando eso ocurre no solo sufren las víctimas: su fractura alcanza a toda la sociedad, que termina cargando con los efectos de la impunidad, la desconfianza y la desafección democrática. La herida de los Derechos Humanos no es individual, es colectiva: corroe el sentido mismo de comunidad.
Defender los Derechos Humanos en el Chile actual, implica disputar las memorias de las luchas de nuestro pueblo por la justicia y la libertad. Es negarse a aceptar la narrativa que busca clausurar la revuelta como un “exceso” del pueblo. Es reivindicar la protesta como derecho, la reparación como deber y la memoria como acto de dignidad. Es reconocer que no hay paz posible sin justicia, ni democracia real sin memorias.
Las imágenes de esos días —las banderas mapuche ondeando en la Plaza Dignidad, los rayados que decían “Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo”, los ojos vendados en las marchas— son parte de una historia que aún se está escribiendo. Una historia en la que las nuevas generaciones aprenden que la dignidad no se decreta, se conquista; que la solidaridad y la acción colectiva nos permiten enfrentar el miedo; y que siempre es posible imaginar otro Chile y luchar para construirlo.
Frente al silencio, la memoria no es un museo sino una barricada ética. Una forma de defender la vida, la justicia y la esperanza. Una forma de decir que todavía creemos en los Derechos Humanos, no como un decálogo y una consigna vacía, sino como un horizonte de cuidados, solidaridad e igualdad.
Seis años después, Chile sigue en deuda con las víctimas de la represión, y cuando la violencia del Estado no se repara, el país entero carga su sombra: el miedo se hace costumbre, la desconfianza se hereda y la democracia se vacía de sentido.
No ha cambiado la realidad de injusticias, desigualdades y opresiones que llevaron a cientos de miles de personas a salir a la calle a protestar. Pero también sigue vivo el impulso que nos llevó a salir a la calle: el deseo de un país más justo, más digno, más humano.
Mientras las memorias de nuestras luchas sigan latiendo, el 18-O no habrá terminado.
