Justo unos días antes de que estallara la polémica sobre las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante, la Sindicatura de Comptes publicaba su "Auditoría operativa sobre la vivienda de protección y promoción pública". El extenso informe fiscaliza la promoción y gestión de estos inmuebles en la Comunidad Valenciana con referencia a los ejercicios 2023 y 2024, y la proyección de actuaciones hasta el año 2026. Una de las conclusiones recogidas en el documento sostiene que "se ha confirmado la existencia de normativa extensa para regular el Registro de demandantes de vivienda y el parque público autonómico, gestionados por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, aunque persisten deficiencias en el control interno, la actualización de datos y la consistencia de las cifras".
