Casi veinte años después de los hechos, la Justicia sigue sin poder celebrar el juicio por un presunto fraude fiscal de casi cuatro millones de euros cometido en Alicante entre 2006 y 2008. La vista, señalada para este viernes en un juzgado de lo Penal, ha sido suspendida ante el riesgo de futuras nulidades procesales, después de que las defensas cuestionaran la viabilidad de que uno de los acusados, enfermo de cáncer, pudiera afrontar el juicio en las condiciones planteadas. En el banquillo se sientan los miembros de un presunto entramado liderado por un abogado (Francisco Z. G. R.) y su socio, compuesto por empresas fantasma que simulaban negocios inmobiliarios y con los que se habrían defraudado esas cantidades en concepto del IVA y el Impuesto de Sociedades. El entramado estaba formado once sociedades, de las cuales la única que tendría actividad, según las acusaciones, era Inversiones Progarza.
