Caso Pegasus: la Fiscalía se opone a que Moncloa recurra a Israel por el espionaje a Sánchez
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a que Moncloa abra la vía diplomática con Israel para reactivar el caso Pegasus. El jefe de este órgano, Jesús Alonso, así lo explica en un escrito en el que pide que se desestime el recurso interpuesto por Hazte Oír contra el archivo de este caso que abrió la Audiencia Nacional en 2022 para investigar el espionaje al móvil de Pedro Sánchez. El magistrado que lo ha instruido, José Luis Calama Teixeira, ha atendido el criterio del Ministerio Fiscal y ha declinado reabrir un caso que se ha quedado en punto muerto por la falta de colaboración de Israel.
Así se desprende de sendos escritos que adelanta LA RAZÓN y en los que se desestima la petición de la asociación de intentar reactivar el procedimiento que se abrió por delito de revelación de secretos. Desde Hazte Oír plantearon que se solicitara al Gobierno de Pedro Sánchez para que elevara una "queja formal diplomática" a Israel, por negarse a que el juez pudiera interrogar a los responsables de NSO Group, firma que comercializa el programa de Pegasus. De hecho, cabe recordar que incluso el magistrado Calama expuso con motivo del primer archivo de la causa, que el Ejecutivo podría abrir la vía diplomática para esclarecer los hechos, toda vez que por la vía judicial ya no se podía avanzar más.
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a lo reclamado por Hazte Oír asegurando que la Audiencia Nacional no puede formular esta petición a Moncloa porque estaría invadiendo las competencias de esta última. "Los tribunales españoles no pueden dirigirse al Gobierno para que este eleve quejas sobre la cooperación o falta de ella de otros estados (...). De hecho, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece claramente cuáles son las competencias del poder judicial y en modo alguno le delega funciones de carácter exterior", responde. Al hilo precisa que incluso aunque se aceptase la solicitud, la causa seguiría sin poder reabrirse puesto que no se ha podido esclarecer quien fue el autor de este hackeo que afectó también a los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.
Bloqueo israelí
El Ministerio Público se opuso a las pretensiones de la acusación popular asegurando que el juzgado ha satisfecho "con creces" su obligación de intentar que se cumpla con la cooperación internacional. Cabe recordar que el juez instructor libró una comisión rogatoria a Israel en mayo de 2022 para que se requiriera a la firma israelí que comercializa Pegasus a que realizara un informe exhaustivo sobre el tipo de comprador al que le está permitida la adquisición de este software. La falta de respuesta de Tel Aviv llevó al juez a recurrir al Ministerio de Justicia para que cumplimentara los requerimientos, pero su silencio forzó el cierre del caso. El mismo se reabrió tras recibir en 2024 una Orden Europea de Investigación (OEI) de Francia que pedía auxilio judicial al haberse visto envuelta también en un caso de espionaje con Pegasus a gran escala, pero el asunto acabó igualmente archivado por falta de avances.
La Fiscalía dice al respecto que el hecho de que exista una causa abierta en el país vecino sobre hechos similares no justifica que en España se tenga que actuar igual, máxime cuando existe un bloqueo insalvable en la investigación. "Este criterio, que lo que pretende es subordinar un proceso español a lo que hipotéticamente pueda hacer un tribunal extranjero, carece de sentido práctico y procesal. Y ello es así porque no hay nada de lo que se esté haciendo en Francia que nos indique esa necesariedad de mantener abierto el procedimiento", reza el escrito que firma el fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
"El instructor ha actuado en todo momento guiado por la más estricta y escrupulosa adecuación a la normativa española y por eso ha acordado el sobreseimiento provisional, por ser el mismo la herramienta que permite que la causa quede en latencia y pueda reabrirse ipso facto ante cualquier avance francés o desbloqueo de la cooperación por parte israelí", concluye el Ministerio Público.
El juez mantiene el archivo
El titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción número 4) responde a Hazte Oír que no puede "prolongar indefinidamente" una investigación cuando la práctica de diligencias resulta "imposible o irrealizable" y recuerda que acordó el sobreseimiento provisional, precisamente porque permite reabrir las diligencias en caso de que aparezcan nuevos indicios. "Debe recordarse que la cooperación internacional se rige por el principio de reciprocidad y voluntariedad, y que la falta de respuesta de un tercer Estado no puede imputarse al órgano judicial español, que ha agotado todos los mecanismos disponibles", alega.
Del mismo modo, también descarta la pretensión de la acusación popular de que se encargue un informe pericial independiente al margen de los ya realizados por el Centro Nacional de Inteligencia. En ese sentido, Fiscalía y juzgado coinciden en que los trabajos del CNI -que analizó los terminales infectados- fueron incorporados "con todas las garantías" y "constituyen un medio de investigación válido". Los servicios secretos expusieron en sus informes que resultaba "imposible" determinar la autoría de las infecciones.
En lo que respecta al móvil del presidente del Gobierno, las mismas se produjeron entre octubre de 2020 y mayo de 2021. En total le extrajeron 2,7 gigas de información, la mayoría de los cuáles se hackeó en mayo de 2021. Los hechos tuvieron lugar en plena crisis con Marruecos por la entrada furtiva en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aunque la causa no ha podido esclarecer el autor de los hechos, en la documental remitida por Francia a la Audiencia Nacional, desvelada por LA RAZÓN, se apuntó de manera informal a Marruecos como la responsable de lo ocurrido.