El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado de sus presupuestos para 2023 los diez millones de euros necesarios para arreglar el principal embalse regulador del agua que debe llegar a la provincia desde el Júcar, en concreto el de San Diego de Villena, al que se le detectaron fugas hace diez años, y que sigue sin estar operativo. Una circunstancia que deja sin contenido, de momento, el principio de acuerdo al que han llegado la Confederación Hidrográfica y Acuamed con la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó para que empiece a llegar agua de forma regular a partir de enero. El embalse, que costó 40 millones de euros se vació en 2012 al detectarse fugas derivadas de los defectos en su construcción.