El fiscal del Tribunal de Cuentas pide que Puigdemont, Junqueras y Mas paguen por el procés pese a la amnistía

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha confirmado este martes su petición de que tanto los expresidentes de la Generalitat, Carles Puidgdemont y Artur Mas, como el ex vicepresidente Oriol Junqueras , respondan por el uso irregular de fondos públicos para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y por la promoción del proceso independentista en el exterior a través de Diplocat o las conocidas como embajadas catalanas. El representante del órgano fiscalizador ante el Tribunal de Cuentas ha presentado su informe de conclusiones - igual que hizo la semana pasada la entidad demandante Sociedad Civil Catalana, como avanzó ABC - en el que insiste en que los políticos independentistas deben responder económicamente por el uso irregular de esos fondos a pesar de que la ley de amnistía registrada en el Congreso por el PSOE especifica que también se anulará el alcance contable del procés. Martín Granizo señala como «presuntos responsables contables directos de los daños a Artur Mas, Carles Puigdemont, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Oriol Junqueras y Raül Romeva», expresidentes, ex vicepresidente y exconsejeros, respectivamente, de la Generalitat. Noticia Relacionada estandar No El Tribunal de Cuentas da diez días a la Fiscalía para dejar vista para sentencia la causa de los gastos del procés Carmen Lucas-Torres Cifra en tres millones el alcance de los fondos de la Generalitat no previstos en la ley e insiste en que «lejos de adoptar una actitud respetuosa con los mandatos constitucionales y responsabilizarse de que los fondos públicos no se destinaran a sufragar actividades cuya finalidad estaba dirigida a expandir y buscar apoyo internacional para el proceso secesionista, la autodeterminación y la idea del referéndum, participaron activamente en la consecución de dichos objetivos, a los que contribuyeron e impulsaron en el ejercicio de su cargo». Martín-Granizo se ratifica en que "los demandantes infringieron los procedimientos resultantes de las normas y vulneraron las obligaciones resultantes del desempeño de su cometido; realizaron un comportamiento necesariamente intencional y doloso, directamente dirigido a conseguir disponer de cantidades. El menoscabo es real y efectivo al haberse producido la salida de los fondos implicados del patrimonio del ente perjudicado (la Generalitat) y se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio; y por último se encuentra acreditado que fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio por ser una causa inmediata y directa, sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta".