La polémica adjudicación de viviendas protegidas en Alicante a personas vinculadas con el Ayuntamiento y la Generalitat, destapada por INFORMACIÓN, ha centrado la atención en torno a la regulación para hacerse con uno de esos inmuebles. La normativa, de ámbito autonómico, ha sufrido diferentes modificaciones en la última década, la más reciente en diciembre de 2024, por parte del Consell de Mazón. Ahora, con Juanfran Pérez Llorca al frente, la Generalitat se plantea una nueva revisión del decreto. Para evitar que un escándalo similar pueda repetirse, veteranos en la materia de la vivienda, con experiencia en el Consell, apuntan a medidas como la adjudicación "por orden" y una doble comprobación de la renta: una vez cuando se adjudica la vivienda y otra justo antes de la entrega de llaves.
