La plantilla de Ence pide ahora que se invierta en Lourizán

La resolución del Tribunal Supremo que este martes dio luz verde a la continuidad de la pastera Ence en las marismas de Lourizán, Pontevedra, no ha dejado a ninguna parte indiferente . Las reacciones, que van desde rencillas y acusaciones hasta propuestas para reforzar la permanencia de la nave en el futuro, siguieron llegando este miércoles por parte de sindicatos y figuras políticas. Comisiones Obreras se pronunció con su secretaria xeral, Amelia Pérez, y su homólogo de organización Unión Comarcal en Pontevedra, José Luis García Pedrosa, como ponentes. Pérez, primera en intervenir, celebró el fallo del Supremo que da continuidad a la fábrica e instó a Ence a poner en marcha un plan estratégico de inversiones que garantice su porvenir. «Entendíamos que sin una solución de continuidad no se podía hacer», admitió, pero «ahora ya tenemos la sentencia favorable y la permanencia», con lo que es a la empresa a quien «le toca mover ficha». Este fue un punto al que Pedrosa también dedicó parte de su discurso antes de dirigir hacia la pastera lo que calificó de «reivindicación histórica»: el traslado de su proyecto de fábrica de fibra y papel tisú de As Pontes hasta la nave de Lourizán con miras a focalizar las fases de producción papelera y, así, completar el ciclo productivo en el seno de la comarca. 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El secretario calificó de «indecente» el inmediato anuncio del regidor de «seguir en la lucha cerril para cargarse a Ence », pugna que terminarán financiando las arcas municipales: «No es de recibo que el Ayuntamiento siga anunciando que con dinero público se van a interponer recursos donde sea, sin conocer la argumentación de la sentencia» del Supremo. También lamentó la actitud de otros sindicatos que CCOO «echó de menos» porque «antepusieron otros intereses a los propios de los trabajadores y participaron en maniobras de despiste», si bien aseguró que en la organización nunca se sintieron solos gracias al continuo apoyo por parte de los trabajadores afectados. En el acto también estuvieron Omar Vázquez, secretario de Acción Sindical de la Unión Comarcal de CCOO en Pontevedra, y José Enrique González, secretario del Sindicato Comarcal de FSC en la provincia; ambos, trabajadores de Ence y en representación del apoyo de su plantilla a la organización sindical. El futuro de la empresa Desde una postura diametralmente opuesta, la presidenta de la Diputación de Pontevedra y del PSdeG, Carmela Silva, insistió en rechazar la permanencia de la pastera, cuya marcha de la ría « sigue siendo y seguirá siendo mi posición » e incidió en que «la gente que se dedica a lo público» y que «gobierna» y representa «el interés general» debe decidir «qué política industrial» quiere: una «depredadora del medio ambiente» o una «moderna, avanzada, respetuosa con el entorno» que, aseguró, defiende su Diputación. Dejó así en evidencia al secretario general de su partido, Valentín González Formoso, tras su discurso llamando a acatar el fallo judicial y «mirar para el futuro». Sobre esto, Silva recalcó «con claridad»: «Nunca me contradigo con lo que defiendo». Muy en sintonía con las reclamaciones de la plantilla, Ence ya ha confirmado que durante la próxima década llevará adelante inversiones en la nave de Pontevedra por valor de 130 millones de euros «para seguir operando con los mejores estándares de calidad y sostenibilidad». También ha anunciado que reanudará su Plan Social con un presupuesto anual de 3 millones de euros para fomentar el desarrollo sostenible, la educación, la innovación y el deporte en el entorno de la fábrica. La compañía continúa avanzando en el proyecto de puesta en marcha en As Pontes de la mencionada factoría de fibra y papel tisú, si bien no hay indicios que aventuren su hipotético traslado a la comarca pontevedresa como había propuesto García Pedrosa. Por el momento, la pastera ha estimado un impacto positivo de unos 169 millones de euros en el beneficio neto del grupo en 2022 tras conocerse el fallo judicial, que devuelve la confianza en la inversiones internacionales. Según ha comunicado la compañía, como consecuencia de la resolución de la Audiencia Nacional prevé experimentar un impacto positivo estimado de cerca de 169 millones de euros en el beneficio neto de 2022.