Andalucía se ampara en el "déficit brutal" de médicos para llevarse a los de la privada a hospitales públicos

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno ha agarrotado todos los músculos por primera vez desde que el PP firmó la mayoría absoluta en las elecciones del 19 de junio. El proyecto de orden de la Consejería de Salud que permite, por primera vez, derivar a pacientes de atención primaria a clínicas privadas ha convulsionado la estabilidad de su Ejecutivo a menos de cien días de las elecciones municipales del 28 de mayo.

El giro de tornas ha pillado por sorpresa al Gobierno autonómico. Hace solo un mes, Moreno logró sacar a Andalucía de la foto de protestas y huelgas convocadas en todo el país contra el deterioro de la sanidad pública. La consejera de Salud, Catalina García, firmó un acuerdo in extremis con el Sindicato de Médicos, que aglutina al 95% del colectivo en esta comunidad, para limitar la asistencia en atención primaria a 35 pacientes al día -25 en pediatría-. El incendio se apagó y Moreno se marcó un tanto.

Esta semana, 24 horas después de ver cómo 250.000 personas se manifestaban en las calles de Madrid contra la gestión sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la coalición de izquierdas Por Andalucía desempolvó el borrador de una orden de Salud en la que casi nadie había reparado -en exposición pública y en el Portal de Transparencia de la Junta desde julio- y que abre la puerta a concertar la atención primaria con hospitales privados.

Los sindicatos sanitarios y la oposición hablan de "privatización encubierta" de la medicina de familia, la que más usan los ciudadanos y la que más señas de colapso viene dando tras la pandemia. La Junta se ha apresurado a desmentir la mayor. "No hay ninguna intención de privatizar la sanidad pública", han repetido este martes varios consejeros al unísono.

Sin embargo, el Ejecutivo de Moreno reconoce que el proyecto que prepara introduce dos medidas hasta ahora inéditas en el Sistema Andaluz de Salud (SAS): por un lado, se habilita jurídicamente a los médicos de clínicas privadas para que atiendan a pacientes dentro de hospitales públicos y realicen pruebas y operaciones concertadas por la propia Junta -hasta ahora se realizaban en sus propias instalaciones-; y por otro, se incluye la atención primaria en la cartera de servicios derivados a la sanidad privada. El precio máximo de la consulta al médico de familia serán 65 euros; la primera consulta al especialista 150 euros, las subsiguientes, 90 euros.

La razón de ser de estas medidas es la misma que hace un mes explicaba la huelga convocada por los médicos y la misma que la consejera García lleva repitiendo desde que tomó posesión del cargo: no hay médicos suficientes en el SAS. El ritmo de jubilación es de 600 a 700 al año, en la próxima década saldrán del sistema 6.700 profesionales y no hay banquillo para cubrir esas bajas de inmediato.

Es un problema endémico y estructural de Andalucía y de España. "El déficit de médicos es tan brutal en Andalucía que será necesario hacerlo, lo tengo claro: vamos a tener que coger médicos privados para poder hacer intervenciones quirúrgicas en la pública", ha insistido este martes la consejera.

García ha tratado de esquivar las críticas, asegurando que gobiernos socialistas en otras comunidades ya usan a médicos de la privada en sus hospitales públicos -Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana-. Ninguna de estas tres administraciones, consultadas por este periódico, deriva pacientes de atención primaria a la privada.

En Castilla-La Mancha se habilitó a los médicos de la privada para trabajar en hospitales públicos a partir de una orden del anterior Gobierno de María Dolores de Cospedal, que el Ejecutivo de Emiliano García Page derogó nada más llegar al poder. En Valencia se privatizaron áreas hospitalarias cuando gobernaba el PP, pero el Gobierno de Ximo Puig "ha revertido" algunas de ellas. En Extremadura sí, algunos servicios públicos se han privatizado -como el área de anestesiología del hospital de Cáceres-, que cuenta con especialistas privados en sus instalaciones, por falta de especialistas en la pública.

El déficit de facultativos afecta a toda España, pero los sindicatos sanitarios andaluces adivinan un problema mayor en esta comunidad: el Ejecutivo de Moreno está invirtiendo gran parte de los fondos europeos extraordinarios que ha recibido en construir o ampliar infraestructuras sanitarias -hospitales nuevos, centros de salud, etc-. El presidente de la Junta ha ido anunciando e inaugurando estas construcciones antes y después de las elecciones del 19J. "¿Con qué personal médico se van a dotar esas instalaciones cuando abran si hay un déficit de personal manifiesto en el SAS?", se preguntan las organizaciones sindicales.

El ejemplo más palmario es el llamado hospital militar de Sevilla, un referente de la Administración de Moreno, que será inaugurado "con todos los servicios previstos" el próximo 20 de marzo: 375 camas, diez quirófanos, siete salas de endoscopia, una unidad de salud mental y una unidad para lesionados medulares... El personal que trabaja ahora en este centro está adscrito al Virgen del Rocío, no tiene plantilla propia y la Junta aún no ha aclarado con cuántos profesionales permanentes contarán las nuevas instalaciones.

Es en este contexto -más instalaciones sanitarias, menos personal médico- en el que la nueva orden de precios para conciertos sanitarios con la privada ha alcanzado una onda expansiva inesperada para el Ejecutivo andaluz. La plantilla de médicos del SAS no es permanente, la Junta reclama más plazas MIR, pero no logra retener a los licenciados en formación, que optan por mudarse a otras comunidades con mejores sueldos y condiciones laborales.

El Ejecutivo andaluz prorrogó un año a los mil médicos de refuerzo que contrató durante la pandemia -la mayoría de atención primaria-, pero se resistió a ficharles como personal estructural a través de una oferta de empleo público. Según datos del SAS, actualmente hay en Andalucía 7.328 médicos de familia -el 45% con contratos temporales-, y 1.115 pediatras (el 48% temporales).

"Si tenemos un déficit de médicos, la obligación de la Administración es cubrir ese déficit como sea. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer", advierte la consejera, preguntada por si será necesario meter a médicos privados en centros públicos de salud. La oposición de izquierdas barrunta que la polémica orden servirá a la Junta para cubrir esos huecos tirando de profesionales de la privada, a un coste 16 veces inferior de lo que pagarían a un médico de plantilla en la pública.

El objeto principal de la norma es actualizar y homogeneizar los precios que la Junta paga a la sanidad privada por las operaciones, pruebas de diagnóstico y pacientes derivados de centros públicos de Andalucía, que batieron récord en 2022 dada la carencia estructural de médicos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Pero lo que ha desatado la primera gran crisis del Gobierno de Moreno esta legislatura es la inclusión en ese catálogo de la atención primaria.

Fuentes de Salud confirman a este periódico que, hasta la fecha, ningún Gobierno andaluz -ni éste ni los anteriores del PSOE- han derivado jamás a pacientes de atención primaria a hospitales privados. Se trata, por tanto, de un escenario inédito que la oposición de izquierdas interpreta como la "antesala a la privatización de la atención primaria".

La consejera lo niega y replica que solo es un "marco" legal para establecer unas tarifas máximas por operaciones, pruebas y pacientes derivados a hospitales privados. Luego la Junta tendrá que firmar un contrato con esas empresas, pero lo hará con unos topes regulados en esa orden, y así evitarán "abusos" de precios y que la Administración tenga que pagar por encima del precio de mercado.

Situaciones así salpicaron al anterior Gobierno socialista. Hace unos meses, pasó por el Parlamento andaluz la votación sobre un acuerdo extrajudicial con los hospitales Pascual para saldar una deuda de 250 millones de euros en conciertos. "Intentamos evitar este tipo de abusos y esta orden pone coto a las tarifas de mercado", subraya García.

Pero el problema no es la regulación del precio de los conciertos sino que, bajo el paraguas de esa orden, se regula la posibilidad de derivar a pacientes de atención primaria a la privada. La Junta sostiene, con énfasis, que "esa posibilidad no tiene por qué darse nunca", que se regula para "circunstancias excepcionales", "catástrofes, terremotos, pandemias"...

Aunque el texto de la norma no recoge esas "situaciones excepcionales". El marco legal permite hacerlo, aunque el Gobierno andaluz jure y perjure que no tiene intención de hacerlo. "Las circunstancias en que se usaría ese recurso las decide cada gobierno y yo le aseguro que este gobierno no tiene intención de hacerlo", ha zanjado este lunes el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco. Y ha matizado: "Pero si las circunstancias lo necesitan porque se escapen de lo ordinario, lo haremos", ha dicho.

¿Circunstancias fuera de lo normal como una pandemia mundial? Durante la pandemia de la COVID-19, la Junta aprobó mucha normativa ad hoc, por ejemplo, para hacer uso de instalaciones sanitarias privadas para albergar a la gran cantidad de contagios que hubo. Pero no se hizo a la inversa, no se reclutó a médicos de la privada en centros públicos ni se derivaron a pacientes de atención primaria. "No lo sé, habrá que analizarlo. La instrucción que ha dado el presidente Moreno es de no hacerlo", ha zanjado Fernández-Pacheco.

En la memoria que acompaña a los Presupuestos Andaluces de 2023 se recoge un incremento de las derivaciones de pacientes a la sanidad privada en 2022 y la previsión de que irá a más: en el pasado ejercicio, las cifras oficiales de Salud hablaban de 195.745 pacientes derivados a hospitales concertados. Para 2023, el número previsto ascendía a 245.000, un 25% más.

El número de intervenciones quirúrgicas derivadas a clínicas privadas también se eleva un 55%, de las 82.214 registradas el año pasado a las 127.782 previstas en el Presupuesto de este año. El gasto anual del SAS en prestaciones desviadas a la privada ronda los 524 millones de euros, menos del 5% de su presupuesto. El cómputo por habitante es de 63,5 euros en conciertos con la privada en Andalucía, por debajo de la media nacional, y muy lejos de los más de 100 euros por habitante en Madrid.