Un colombiano denuncia en comisaría la pérdida de su pasaporte y acaba con una propuesta de expulsión
H. R. un ciudadano colombiano y otro compañero también de la misma nacionalidad acudieron el pasado 5 de diciembre a la comisaría de Burjassot-Godella a formular una denuncia por la destrucción de sus pasaportes. Según explicaron sus documentos se habían quemado hacía unos días en el incendio de la autocaravana donde dormían, propiedad de la empresa en la que trabajaban. Tras presentarla, les hicieron esperar mientras realizaban consultas y les citaron para dos días después en la sección de extranjería de la misma comisaría. El día 7 acudieron a la cita pero a H. R. le iniciaron un procedimiento de sanción por estancia irregular; mientras que al compañero no pudieron porque aún contaba con permiso de turismo.
Este caso ha sido denunciado por el colectivo València Acull, que señala que con este procedimiento la policía nacional de Burjassot "incumple la reiterada recomendación del Defensor del Pueblo de que no se incoen este tipo de sanciones a las personas extranjeras que acudan a denunciar". Lamentan que esta forma de proceder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "no sólo provoca temor y desconfianza hacia quienes deberían velar por la seguridad de todas las personas, sino que genera indefensión en las víctimas, la impunidad de los victimarios y obstaculiza el acceso a derechos". Recuerdan así que el Defensor alerta sobre este tipo de práctica que constituye "una vulneración del Estatuto de la víctima del delito y una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica".
Así la abogada del ciudadano colombiano amenazado de expulsión presentó alegaciones en contra, pero la misma policía de Burjassot las rechazó al considerarlas “improcedentes” y ha propuesto a la Delegación del Gobierno que se proceda a la expulsión del territorio nacional de H. R. En la resolución la policía se justifica la expulsión indicando que el joven entró como turista “con la intención de quedarse a vivir en España”, y que "vive solo aquí porque todos sus familiares están en Colombia y trabaja sin alta en la Seguridad Social". Además, se afirma que tiene pendiente “una propuesta de sanción grave por la L. O. 4/15 art. 36.16”; dicho artículo castiga el consumo o la tenencia de drogas. Sin embargo, el joven asegura que nunca había tenido ningún problema legal, “nunca me habían sancionado por nada. Tampoco es verdad que toda mi familia resida en Colombia, no le dije eso a la policía. Vivo con mi mamá desde que llegué”.
Su abogada ha presentado nuevas alegaciones contra la propuesta de expulsión, que ahora está pendiente de la decisión de la Delegación del Gobierno. En el escrito, además de destacar que carece de antecedentes penales y policiales, se ponen de manifiesto los “fuertes vínculos que mantiene con España” ya que está formándose académicamente y en el país residen varios familiares que han iniciado en proceso de regularización.
Ante la situación denunciada fuentes de la Delegación del Gobierno han manifestado que ya se ha tramitado una propuesta de archivo, teniendo en cuenta las alegaciones presentadas de situación de arraigo y de que no hay agravantes.
Las mismas fuentes puntualizan que no ha habido en ningún momento un expediente de expulsión del ciudadano colombiano, sino que ha sido una propuesta, aunque también señalan que también hay una propuesta de sanción, al parecer por falta de algún tipo de documento.
Además también se ha añadido que la respuesta se dará "en breve", aunque sin especificar el tiempo que puede suponer el archivo.
Por otra parte también se ha recordado un precedente similar en 2019, cuando una mujer hondureña acudió a denunciar la agresión de un hombre en la comisaría de Xirivella y acabó detenida, con una propuesta de expulsión y sin poder denunciar. La difusión del caso provocó una reacción social y la Delegación del Gobierno acabó archivando la expulsión.
Sin embargo, la razón del archivo no fue que prevaleciera su derecho como víctima de un delito frente a su condición de persona en situación administrativa irregular, sino que la policía no le permitió formular la denuncia. A raíz de este caso, el Defensor volvió a presentar una recomendación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que solicitaba que no se provocara la indefensión de la víctima.
No obstante, en enero de 2021 el Gobierno rechazó la recomendación. Interior trató de justificar su negativa diciendo que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “les corresponde, entre sus funciones, la aplicación de la normativa en vigor, en este caso la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería)”.
Pero señala la abogada que Interior omitió que existe otra legislación con la misma fuerza jurídica que avala la reivindicación del Defensor: la Ley española 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, la Directiva europea 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de las víctimas de delito y la Recomendación general de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa establecen expresamente la protección jurídica de todas las víctimas sin tener en cuenta su estatuto de residencia. Añade que tampoco mencionó la exención de sanciones por estancia irregular a las víctimas de violencia de género y a las víctimas o testigos de trata de seres humanos que contempla la Ley de Extranjería: una reforma legislativa similar a la que dio amparo a estas víctimas permitiría extender la protección a todas las víctimas de cualquier tipo de delito.
También el presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) exigió un cambio en la Ley de Extranjería y calificó de “muy lamentable” el rechazo de Interior a la recomendación del Defensor por la impunidad que provoca, “desde agresiones sexuales hasta abusos laborales. Hemos visto a personas migrantes trabajadoras que han fallecido abandonados a las puertas de un hospital. Eso sucede por decisiones como esta”. En junio de 2021 el CEDRE emitió una recomendación reiterando que fuera asumida la posición del Defensor. El Relator de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes, Felipe González Morales, también exigió en su informe sobre acceso a la justicia de las personas migrantes que “sean regulares o irregulares, deben tener garantizado el derecho a recurrir a los tribunales y otros operadores de justicia para proteger sus derechos humanos y evitar la impunidad”.
Aunque no fue aceptada la recomendación del Defensor, desde entonces ha cambiado la forma (aunque no el fondo) del proceder de la policía: se suele atender con corrección a quien va a denunciar, pero una vez formulada la denuncia se ordena a la víctima comparecer en ese mismo momento o días después ante la correspondiente Brigada de Extranjería para iniciar el procedimiento por estancia irregular. Así, en septiembre de 2020 una mujer migrante denunció una estafa ante la policía de Granada y, una vez presentada, se le abrió un procedimiento de expulsión. A finales de ese mismo año, en la comisaría de Paterna (València) se incoaron procedimientos de sanción por estancia irregular a tres madres que habían acudido a realizar el trámite de sacar el DNI para sus bebés, que además recibieron un trato humillante por parte de algunos policías. Lo mismo le acaba de ocurrir al joven colombiano que denunció la destrucción de su pasaporte en la comisaría de Burjassot.
Ante esta situación València Acull ha manifestado que "reiteramos la urgente necesidad de una reforma legislativa de la Ley de Extranjería (equiparable a la que protege a las víctimas de violencia de género y a las víctimas o testigos de trata de seres humanos) para eximir de sanciones por estancia irregular a quienes acudan ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a formular una denuncia, solicitar información o gestionar cualquier tipo de trámite administrativo. Mientras tanto, las personas en situación irregular deben acudir al juzgado de guardia o a la Fiscalía a formular denuncias si no quieren correr el riesgo de acabar expulsadas".