Andalucía y su vuelta de calcetín
La nueva ‘ley trans’ con la libre autodeterminación de género ya fue adelantada por los parlamentos autonómicos. El primero, el de Andalucía. La promesa de Alberto Núñez Feijóo de derogar cuando gobierne la norma que aspira a “hacer felices” a las personas transgénero, según la ministra Irene Montero parafraseando a José Luis Rodríguez Zapatero, debe poner en un aprieto al presidente andaluz, Juanma Moreno, que guarda silencio. Su partido no solo apoyó la ley trans andaluza de 2014, sino que colaboró de lleno en su elaboración en consenso con el PSOE e Izquierda Unida, como ha reivindicado la política del PP Esperanza Oña, que participó en las negociaciones. Cuando se aprobó la ley en junio de 2014, Juanma Moreno acababa de aterrizar en Andalucía como dirigente del PP regional. Recordemos que el ejecutivo de la Junta era una coalición formada por PSOE e IU; un gobierno social-comunista, diría ahora el PP.
No fue la única ocasión en la que el PP de Moreno respaldó iniciativas de avanzadilla por las izquierdas de Andalucía, como la Ley de derechos del colectivo LGTBI de 2017 y la reforma de la Ley contra la Violencia de Género de julio de 2018, que ampliaba el concepto de víctima. Vox acechaba entonces, pero aún no había irrumpido en la política nacional. Lo hizo precisamente en Andalucía, convirtiendo también al Parlamento de esta comunidad en 2019 en pionero con representantes de la extrema derecha, como lo fue en 2015 con los de Podemos. Y a raíz de Vox, el PP, también el de Moreno, acabó cayendo en la ambigüedad sobre avances sociales que antes había defendido sin prejuicios; como ejemplo, las claudicaciones al teléfono de violencia intrafamiliar.
Aquel halo socialdemócrata antes de Vox respondía sobre todo a un cambio de estrategia del PP, descalabrado cada vez que caía en la trampa de otra, la del pionerismo andaluz del PSOE. Los gobiernos de Manuel Chaves desplegaron con éxito esa bandera de situar a Andalucía como adelantada en políticas públicas de bienestar social para confrontar con los gobiernos del PP de José María Aznar. En este contexto puso en el BOJA las pagas extra a las pensiones no contributivas y una muy revolucionaria, la de las primeras operaciones de cambio de sexo de la sanidad pública española en el hospital regional de Málaga a partir de 1999. Llegaron también la garantía de plazos por ley para descongestionar las listas de espera en la sanidad, la financiación de investigaciones en biomedicina, la creación del primer banco de células madre de carácter público del país en Granada en 2004… En otros ámbitos como el feminista, la ley de ‘listas cremallera’ de 2005, que obligó a los partidos a candidaturas a las autonómicas alternando hombres y mujeres, en cuyo recurso al Tribunal Constitucional el PP fracasó como ahora con la ley de aborto de la andaluza Bibiana Aído; o la elaboración de las leyes de presupuestos autonómicos con perspectiva de género. El voto negativo o los recursos judiciales contra estas normas de avances sociales daban alas a la izquierda y esto debió hacer reflexionar a Moreno para dar un giro.
Los sucesores de Manuel Chaves en la Junta, con los que lidiaba Moreno, mantuvieron la estrategia del pionerismo andaluz, también desbarrando en ocasiones hasta colapsar el cesto legislativo autonómico de normas vacuas o de difícil aplicación por falta de financiación, sobre todo en la dura crisis económica. Entre las últimas con éxito destacaría la bonificación de las matrículas universitarias para estudiantes que pasaran de curso, en 2017. Moreno no ha suprimido esta bonificación, como tampoco ha cambiado todavía las anteriores normas sociales de los socialistas, aunque en algunos casos las haya dejado huérfanas de desarrollo y dotación presupuestaria. Es más, su gobierno, y él mismo, han heredado ese tic político de pregonar una Andalucía pionera, aunque con otro eslogan que repite para todo: “Estamos haciendo historia…”
Desde luego el Gobierno del PP de Moreno está haciendo historia, pero con una vuelta al calcetín del pionerismo: ha hecho bandera de la bajada de impuestos, con la supresión primero del de sucesiones a herederos de más de un millón de euros y rebajas de tres puntos a rentas altas; ha estrenado su segundo mandato con la eliminación del impuesto de patrimonio que solo afecta a un 0,2% de los ricos que residen en Andalucía. Todo ello, que redunda en menos ingresos, hace difícil pensar que pueda sostener con más éxito que sus antecesores socialistas la gestión sanitaria y educativa de una población de más de 8,5 millones de personas. Moreno copia a Isabel Díaz Ayuso en apostar por la iniciativa privada. Su forma puede parecer distinta, pero el fondo es igual: la región más poblada es un negocio boyante en materia sanitaria y educativa.
Como la realidad es la que es, la renta de los andaluces no es la de Madrid, no cabe que prosperen esos negocios sin la ayuda del presupuesto de la Junta. ¿Cómo? Con una política de conciertos económicos a tutiplén. Cada curso se suprimen más unidades en las escuelas públicas mientras se mantienen al alza los convenios con las privadas a costa de no reducir el número de alumnos por aula. Al PSOE le costó tres décadas aprobar la primera universidad privada en Andalucía. Moreno en solo cuatro años ya tiene siete con los papeles a punto.
También han aumentado considerablemente los conciertos con la sanidad privada tanto para intervenciones quirúrgicas como pruebas médicas. La política de conciertos es heredada de los socialistas, pero no con tanto entreguismo. No va a quedar ahí la cosa. Ahora se conoce una orden (de la que no se informó) por la que el Gobierno de Juanma Moreno planea derivar la atención primaria a centros de salud privados. También que especialistas de estos puedan trabajar en hospitales públicos. Quien conoce la sanidad en Andalucía sabe que la mayoría de sanitarios de la pública hace doblete en la privada, entre otras cosas por estar mal pagadas ambas. Los anteriores gobiernos incentivaron a los que solo trabajaban en la pública, un aguinaldo que Moreno equiparó a todos. Ahora puede darse la paradoja de que un especialista trabaje por la mañana en la pública y por la tarde en la privada, pero vuelva al hospital público para operaciones o consultas que le remunera la privada con dinero que sufragará vía concierto la Junta de Andalucía. En fin.
Al margen de ironía, el PP de Moreno sabe que estas medidas beneficiarán a corto plazo, porque lo que la ciudadanía quiere es que le atiendan u operen cuanto antes y no le cueste dinero si es posible. La mayoría de familias, hay que decirlo, prefiere colegios concertados a públicos, porque cree que sus hijos van a tener más oportunidades. Puede que no nos toque sufrirlo, pero les tocará a otros. La bajada de impuestos y las privatizaciones de servicios públicos de sanidad y educación, sean con conciertos u otras fórmulas, debilitará a medio plazo a aquellos, agrandará la desigualdad y menoscabará la libertad, dicen expertos y yo lo veo también. Creo fehacientemente que hay que defender la sanidad y educación públicas por el futuro de los que vienen detrás nuestra.